La dignidad humana protege al sujeto que se encuentra en circunstancias de salud que le producen intensos sufrimientos de la degradación física o moral, o de una exposición prolongada e indefinida a una condición de salud que considera cruel, dada la intensidad del dolor y el sufrimiento.

Si bien los extranjeros tienen la obligación de regularizar su situación migratoria, lo que implica hacer los trámites para afiliarse al sistema de salud, en casos excepcionales de extrema necesidad y urgencia, la atención mínima a la que tienen derecho los migrantes puede llegar a incluir el tratamiento de enfermedades catastróficas como el cáncer.

El Estado tiene el deber de promover condiciones acordes con la realización de la igualdad material.

Existen elementos probatorios suficientes que demuestran un daño inminente a sus derechos a la vida digna y al mínimo vital, dado que el no contar con recursos propios pone en riesgo la satisfacción de sus necesidades básicas.

El derecho de acceso progresivo a la tierra tiene carácter fundamental e importa la obligación del Estado de promover el acceso progresivo a la tierra de los trabajadores agrarios.

Cualquiera limitación que suponga una restricción a la efectiva prestación de los servicios de salud que requiere una persona implica la afectación de su derecho a la salud, especialmente, si ese usuario es una persona en condición de vulnerabilidad, en cuyo caso debe ser objeto de una protección especial constitucional.

La Corte reiteró el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia por razón del género; la aplicación del enfoque de género por parte de los operadores judiciales; la facultad oficiosa del juez de tutela para proferir fallos extra y ultra petita y, el principio iura novit curia.

La Corte consideró necesario intervenir a fin de permitir salvaguardar los derechos de la comunidad y garantizar la pervivencia de la misma.

Cuando un habitante del territorio está sometido a amenazas insoportables a su vida, es imperativo que el Estado adopte las medidas tendientes a proteger a la persona, para que estos peligros que se ciernen sobre ella no se materialicen.

Las empresas de servicio de energía son responsables de proteger a la comunidad de los riesgos, especialmente a los menores, para cuyo cometido es necesario que evalúen oportunamente la gravedad del riesgo y prevengan cualquier peligro.