El derecho a la salud de las personas trans exige un cuidado apropiado y oportuno que reconozca sus identidades diversas y permita el acceso a las prestaciones necesarias para lograr su bienestar.

Las instituciones estatales deben garantizar la existencia de un procedimiento que permita valorar la pérdida de capacidad laboral de manera periódica, especialmente cuando se trata de enfermedades crónicas, catastróficas, progresivas, degenerativas o de una infección con las características del VIH.

La pena de prisión perpetua revisable no es una medida idónea, proporcional ni efectiva para garantizar y asegurar la protección de niñas, niños y adolescentes, al tiempo que genera graves perjuicios a la dignidad humana de las personas condenadas.

De manera excepcional se puede inaplicar el requisito de apostilla para convalidar un título obtenido en el exterior, cuando se constate que su exigencia, en el caso concreto, resulta manifiestamente irrazonable y desproporcionada.

El fallo ordena a la institución recurrida a que, en adelante, efectúe una evaluación detallada de las pruebas médicas que presenten los ciudadanos cuando reclamen la sustitución pensional por invalidez.

Cumplía con todos los requisitos legales para acceder a las prestaciones sociales.

Las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales deben ser reparadas integralmente.

El margen de configuración legislativa en materia de propiedad privada no es absoluto, de modo que siempre debe motivar la afectación de este derecho.

La Corte Constitucional de Colombia confirmó parcialmente la sentencia dictada por un juzgado de El Espinal que concedió el amparo al derecho de petición de los recurrentes.

El Tribunal Supremo desconoció la jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto del principio de favorabilidad.