En los casos de retrocesos legislativos en el grado de protección de los derechos, debe verificarse que dicho retroceso persiga fines constitucionalmente imperiosos, sea idóneo, necesario y proporcionado.
Para determinar la situación socioeconómica de un solicitante de ayuda humanitaria debe verificarse, además de su afiliación, si es beneficiario o cotizante, si posee un empleo estable y si puede costearse las necesidades básicas.
El padre de la menor –ciudadano extranjero– aceptó un empleo fijo con contrato indefinido en Colombia, que es una de las hipótesis previstas en el Código Civil para establecer la presunción del ánimo de permanencia.
Las poblaciones indígenas merecen una especial protección constitucional ante las circunstancias de vulnerabilidad en que se encuentran actualmente.
El actor desempeñó cometidos específicos que no correspondían a labores propias de demandada.
La consulta previa debe ser promovida siempre que exista una intervención directa, sea o no ambiental, en una comunidad.
Se configuró una violación directa del derecho fundamental a fundar o constituir partidos políticos.
Cuando existe una vivienda ya consolidada, sea porque se encuentra construida o porque se tiene autorización para su construcción, el Estado y las entidades prestadoras de servicios públicos deben garantizar la habitabilidad y disponibilidad de servicios.
La garantía constitucional relativa a la democracia participativa no se limita al ámbito político-electoral, sino que se extiende a otros escenarios económicos, sociales, culturales o de la vida privada de las personas.
La falta de diligencia o cuidado de los padres de una menor no puede resultar en la no prestación de los servicios de salud que los menores requieren.
