No es deber de los menores asumir una carga pública que, por razones de su edad y su condición de vulnerabilidad derivada de su afección, le es atribuible a sus representantes legales, sin que la falta de diligencia de estos últimos, en lo que se refiere a la legalización de su estado migratorio, pueda proyectarse negativamente en el goce efectivo de los derechos fundamentales de sus hijos.

La decisión de cierre definitivo no se acompañó de una justificación adecuada y suficiente de conformidad con parámetros de razonabilidad y proporcionalidad.

En el caso concreto, unos ciudadanos presentaron una demanda de reparación directa para obtener la indemnización de los perjuicios causados con la muerte de sus familiares, que no pertenecían a ningún grupo armado por fuera de la ley y fueron dados de baja por militares simulando un combate.

El Registro Único de Víctimas negó su incorporación, bajo el argumento que su solicitud fue presentada de manera extemporánea, sin exponer los motivos que sustenten dicha afirmación.

La seguridad social como la estabilidad laboral, son derechos indiscutibles e irrenunciables.

La Magistratura constitucional colombiana adujo que debido a esta situación, los menores de edad se han visto forzados a transitar hacia la vereda por el terreno circundante al lugar en donde se encontraba el puente, arriesgando sus vidas e integridad personal, puesto que en esa zona es recurrente el desprendimiento y caída de rocas.

La Magistratura constitucional colombiana recordó que el modelo social de discapacidad incorporado al ordenamiento constitucional exige derogar todos aquellos mecanismos legales que sustituyen la capacidad legal de las personas en condiciones de discapacidad.

Los conversatorios de historia constitucional contarán con la participación de destacados historiadores, abogados y constitucionalistas.

La Magistratura constitucional colombiana examinó una situación de ocupación irregular de un predio, en el marco de la cual un grupo de 57 ocupantes, conformado por víctimas de desplazamiento forzado y otros sujetos de especial protección constitucional, presentó acción de tutela.

El fallo concluyó que las autoridades judiciales, al omitir en su análisis interpretativo principios constitucionales como el de favorabilidad o in dubio pro operario, incurrieron en el defecto de violación directa de la Constitución.