La Magistratura Constitucional colombiana adujo que es deber de las instituciones educativas propiciar la integración del alumno con la comunidad educativa y no apartarlo para que sus clases fueran individuales y sin contacto alguno con sus compañeros.

El fallo concluyó que la terminación de la relación laboral estudiada obedeció a motivos discriminatorios basados en la condición médica de la accionante.

La Magistratura constitucional colombiana consideró indispensable reiterar que las mujeres reciben en el ordenamiento una protección reforzada –nacional e internacional– lo que ha traído consigo la incorporación de distintos estándares normativos tendientes a superar patrones o estereotipos discriminatorios.

De esta manera, la Corte Constitucional adelantó el control previo de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria (PLE) en el que se crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) y determina otros instrumentos legales que coinciden en incentivar el pago oportuno de las obligaciones alimentarias.

La Magistratura constitucional colombiana adujo que los ciudadanos cuentan con mecanismos judiciales para exigir que se acaten las decisiones.

La Magistratura constitucional colombiana adujo que este derecho se satisface con la realización de exámenes y la consecuente prescripción de tratamientos que se deben determinar con el máximo grado de certeza permitido por la ciencia y la tecnología para aplicar el procedimiento médico más adecuado.

La Magistratura constitucional colombiana expresó que esta iniciativa se presenta como mecanismo de inclusión, participación e integración ciudadana, resaltando la importancia y los aportes de la población indígena al desarrollo de la sociedad.

El Magistrado Lizarazo señaló que el verdadero reconocimiento del otro, con sus necesidades y derechos, parte de un diálogo genuino entre todos los implicados, y esto es precisamente lo que ha querido promover la Corte Constitucional en este encuentro.

La Magistratura constitucional de Colombia adujo que, el derecho sancionatorio como la pérdida de investidura, implica que el juez valore no solamente la configuración de la causal de pérdida de investidura desde el punto de vista objetivo, sino que es preciso valorar la conducta del procesado.

La Magistratura constitucional colombiana adujo que esto, rebasa la frontera del derecho a la libertad de expresión, con grave afectación de las garantías de un tercero, susceptible de ser protegidas por parte del juez constitucional.