Los niños y adolescentes están dotados de capacidad para formar sus propias opiniones y tienen derecho a expresarlas en todo proceso judicial o procedimiento administrativo que les afecte. Del mismo modo, es obligación de toda autoridad, que dirige un proceso o procedimiento en que se discuta una decisión que tendrá impacto en los derechos del menor, escuchar y considerar seriamente su opinión en función de su edad, madurez y desarrollo evolutivo.

Ningún otro órgano jurisdiccional de inferior nivel jerárquico puede desconocer la atribución del Presidente, puesto que, la facultad presidencial prevista en el art.148 de la Constitución privilegió, por sobre el control judicial, el control democrático que deberá ser ejercido por la ciudadanía a través de su voto en las urnas.

La acción de incumplimiento busca proteger la tutela judicial efectiva en el componente de ejecución de la sentencia, en tal razón, es incompatible con su naturaleza y con la tutela judicial efectiva que una sentencia no se ejecute, salvo excepciones.

El tribunal no se pronunció sobre las solicitudes para aplazar la audiencia. La administración de justicia tiene la obligación de dar respuesta a las peticiones que realizan los sujetos procesales, aunque el acceso a la justicia no implica que la respuesta judicial sea favorable a la pretensión o a los intereses de las partes procesales.

“Previa solicitud motivada de la Policía Nacional, la o el Presidente de la República del Ecuador podrá disponer el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Este apoyo complementario se brindará para combatir el crimen organizado de forma extraordinaria y regulada”.

En el caso concreto solo existió identidad de sujetos y de materia, por lo que no vulneró el derecho al debido proceso en la garantía de no ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia.

La pregunta formulada responde a un fin legalmente determinado, que se enmarca en las competencias institucionales y en los procedimientos para la creación de cantones, establecidos en la Constitución y la ley. La propuesta ha superado el examen formal y material por lo que corresponde emitir un dictamen de constitucionalidad favorable para la realización de la consulta planteada.

Pese a que la actora obtuvo una sentencia favorable, la negativa del juez de verificar la existencia de un presunto error y de corregirlo, se convirtió en una traba irrazonable para que la decisión pueda ser cumplida toda vez que, contrario a lo señalado por la judicatura, por la naturaleza del error, de existir este sí podía ser subsanado, conforme a la ley.

Los organismos especializados de Naciones Unidas, como es la ONU-PMA, gozan de inmunidad de toda jurisdicción, salvo en caso que renuncien expresamente a la misma. No obstante, la renuncia de inmunidad no puede extenderse a ninguna medida de ejecución. Por tanto, gozan de inmunidad funcional de jurisdicción e inmunidad de ejecución; la primera puede ser objeto de renuncia, mientras que la segunda no.

La mera transcripción o simple paráfrasis de disposiciones constitucionales impide que los considerandos provean al elector con información específica que permita contextualizar la problemática concreta que aborda la pregunta sometida a control.