El derecho al trabajo y a la educación no son afectados cuando la idoneidad de los postulantes, a cargos de interés público, está determinada por requisitos de alto estándar que comprueban sus habilidades y destrezas.

No constituye discriminación la distinción o preferencia adoptada por un Estado a fin de promover la integración social o el desarrollo personal de las personas con discapacidad.

Cualquier decisión que se tome sin escuchar a los niños, niñas y adolescentes en los procesos que los afecten carece de validez.

Los derechos de los cuales son titulares no pueden equiparse a los reconocidos a los seres humanos, pues es necesario que sean entendidos con base en los principios de interespecie e interpretación ecológica.

Si una persona ha cumplido el tiempo máximo de prisión preventiva permitido por la Constitución sin contar con sentencia condenatoria en su contra, debe ser puesto en libertad sin necesidad de orden judicial.

El derecho al libre desarrollo de la personalidad se relaciona con la toma de decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables que tienen los adolescentes sobre su sexualidad, vida y orientación sexual.

Las fuerzas armadas deben restringir su intervención a operativos en los que ellas cumplan exclusivamente funciones complementarias a las de la policía nacional, siempre que se encuentre suficientemente justificada.

En casos donde se resuelvan derechos permanentes de NNA primará el principio del interés superior por sobre los intereses de los padres.

Las autoridades indígenas cuentan con legitimidad para ejercer funciones jurisdiccionales siempre que sean designadas mediante el derecho propio y las prácticas ancestrales de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades.

La imparcialidad se pierde en el momento en que el juez actúa como una parte dentro del proceso.