Al existir una presunción de legitimidad en virtud de la fe pública emanada de los actos de citación, estos no pueden ser objetados sin demostrar lo contrario.
En virtud del principio de proporcionalidad, la sanción no debería ocasionar más lesividad que la propia infracción.
El valor económico de conservar íntegro el ecosistema de manglar sobrepasa el de su explotación o el de reemplazarlo por “otras” actividades productivas.
La autoridad jurisdiccional garantiza el derecho al debido proceso en la garantía de recurrir el fallo, cuando permite el acceso efectivo al recurso conforme al ordenamiento jurídico que lo regula y lo vulnera cuando establece trabas irrazonables o desproporcionadas, u obstáculos que tornen al derecho en impracticable.
La favorabilidad puede beneficiar a los procesados o a los sentenciados sin limitación alguna. Sostener lo contrario, constituiría una restricción ilegítima del debido proceso en la garantía de favorabilidad.
El derecho y principio a la igualdad y la no discriminación obligan al Estado y a todos sus órganos a erradicar, de iure y de facto, toda norma, actuación o práctica que genere, mantenga, favorezca o perpetúe la desigualdad y discriminación.
El interés superior del niño, como principio orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento.
Las autoridades fronterizas no deben impedir el ingreso de niñas y niños extranjeros al territorio nacional. Aún cuando se encuentren solos, no deben exigirles documentación que no pueden tener y deben proceder a dirigirlos de inmediato a personal que pueda evaluar sus necesidades de protección.
En los procesos sobre violencia intrafamiliar o en contra de la mujer, donde se estén conociendo derechos de presuntas víctimas de violencia intrafamiliar o violencia de género, diligencias tales como la designación y citación de peritos, son actuaciones procesales de exclusiva competencia y responsabilidad de la autoridad judicial.
Se puede adoptar diferencias o acciones positivas a través de medidas especiales destinadas a otorgar beneficios a grupos tradicionalmente relegados y que requieran de una protección especial.
