El derecho a la defensa no se agota con la mera posibilidad de presentación de pruebas, sino que precisa que esta pueda ser practicada, confrontada, contrastada, impugnada y sustentada.
Cuando los tribunales adviertan que existen pretensiones no relacionadas con el objeto de la acción incoada, deben conocer aquellas que sí se relacionan con el objeto, en vez de declarar inadmisible la totalidad de la demanda.
El control de constitucionalidad del estado de excepción debe verificar que el mecanismo cumpla los principios constitucionales de necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad y razonabilidad.
El incumplimiento de normas migratorias no constituye un delito, por lo que ninguna persona puede ser sometida a sanciones penales por su condición de movilidad humana.
El Estado es responsable de las muertes producidas en el contexto médico cuando, copulativamente, se ha negado a un paciente el acceso a la salud en situaciones de urgencia médica; se acredita una negligencia médica grave y, cuando existe un nexo causal entre el acto y el daño sufrido por el paciente.
El Estado debe garantizar el derecho al agua limpia, suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico en cantidad, calidad, continuidad y cobertura, sin discriminación alguna y en igualdad de condiciones.
Un órgano con “plenos poderes” es incompatible con el principio republicano de la división de poderes y con una democracia constitucional, entendida como una forma de gobierno que impide la concentración de competencias y atribuciones en un único órgano.
La prisión preventiva tiene como finalidades exclusivas garantizar la comparecencia de la persona procesada; garantizar el derecho de las víctimas a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones y, asegurar el cumplimiento de la pena. En ningún caso, puede perseguir fines punitivos o de cumplimiento anticipado de la pena.
La propiedad privada debe ejercerse observando los parámetros de responsabilidad social y ambiental.
Se impuso a la recurrente de casación una carga irrazonable que afectó su derecho a recurrir.
