No se ha incorporado ningún antecedente que permita establecer que el rechazo obtenido en su postulación haya significado una discriminación, dado que, las decisiones administrativas no fueron tomadas en consideración a la situación de la recurrente, sino en atención a la situación jurídica, técnica y administrativa del inmueble postulado en arriendo, siendo su trato similar al que hubiera recibido cualquier otra persona.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Tercer Juzgado Civil de Calama, liberando al hospital del pago de las costas de la causa.
El fallo indica que la crítica que se formula en primer término, relativa a que el razonamiento probatorio carece de sustento en las pruebas aportadas al juicio, no es efectiva.
Considera que aunque es de conocimiento general que existe una cierta permisividad en las fronteras chilenas que facilita el ingreso por pasos no habilitados en el norte del país, esta circunstancia no otorga una autorización jurídica para ello ni afecta el ejercicio de las facultades legales de la autoridad migratoria. Por ello se debe aplicar estrictamente la normativa aplicable al evaluar la legalidad y arbitrariedad del acto impugnado, sin que la situación fáctica altere el marco legal establecido.
El Juez del Trabajo declaró que la denunciada incurrió en prácticas lesivas a la libertad sindical y le ordenó corregir las infracciones que determinó. Le ordenó otorgar el trabajo convenido al delegado, entre otras medidas.
La Segunda Sala del tribunal de alzada acogió la acción cautelar, tras establecer que la omisión de la entidad pública constituye un acto arbitrario y discriminatorio.
En el marco de sus atribuciones, el recurrido debe abstenerse de practicar diligencias que implique el quebrantamiento del reposo extendido por médico psiquiatra.
El artículo 9, N°4, de la Convención de los Derechos del Niño, dispone las medidas que deben adoptar los Estados en caso de expulsión o separación de los padres, pero esto no impide la adopción de esta medida cuando se encuentra justificada.
A pesar de encontrarse en el país dos hijos chilenos, y contar con vínculo familiar dependiente económicamente de él, la gravedad del ilícito penal hace que se encuentre en un listado que permite medidas como la descrita.
Se trata de la decisión un órgano de la administración del Estado, cuyas consecuencias por su potencial económico inciden en las posibilidades de desarrollo de las comunidades indígenas asentadas en el área perteneciente a un proyecto de explotación minera.
Los cables no son parte del entorno natural y constituyen un tipo de contaminación, y al colgar hacia la acera o la calle representan un peligro para la integridad física de los transeúntes.
