La actora acompañó declaraciones juradas dando fe de los hechos narrados en su libelo.
No existe indicio de presión o direccionamiento inequívoco por parte de la empresa para obligar al recurrente a vacunarse.
La acción cautelar sólo consagra la protección al juzgamiento por comisiones especiales y no del debido proceso en su totalidad.
La Contraloría General de la República se ha pronunciado en iguales términos.
El actor desempeñó cometidos específicos que no correspondían a labores propias de demandada.
El pronunciamiento del COMPIN resulta vinculante para el servicio público y si declara que la salud del funcionario es recuperable, no es posible aplicar la causal del artículo 151 de la Ley 18.834.
La inactividad de la recurrida deja a los vecinos en una situación desmejorada respecto de otros habitantes de la comuna.
La sentencia impugnada al rechazar la demanda condicionó al proyecto minero a que contara con autorizaciones sectoriales, no contempladas en el Código de Minería y en la Ley Orgánica sobre Concesiones Mineras.
La ley otorga la facultad al banco de postergar o no las cuotas de los créditos hipotecarios, lo que no puede interpretarse como una obligación legal para la entidad recurrida.
La sentencia de contraste se basó en una situación fáctica diversa.
