El Tribunal de alzada acogió la acción constitucional, tras establecer el actuar arbitrario del Instituto de Previsión Social al denegar la solicitud de jubilación del recurrente.

El Tribunal de alzada ratificó la resolución impugnada, tras establecer que el juez recurrido actuó dentro de sus atribuciones, en forma ajustada a derecho y actuando por resolución adecuadamente fundada en el interés superior del niño.

El Tribunal otorgó un plazo 72 horas para que la recurrida elimine de sus registros el número telefónico de la actora.

El actor se encontraba en mora hace más de tres años sin que la recurrida haya ejercido acciones tendientes a obtener el pago del crédito

La decisión de la recurrida se fundó en el derecho y facultad que tiene para administrar las dependencias comerciales de su propiedad.

El acto reprochado emanó del Juzgado de Aviación.

El tribunal de Alzada había resuelto aplicar la sanción desde que la sentencia quede en estado de firme.

La demandante fue sancionada con una multa de 250 UTM.

Las discrepancias entre los actores no pueden ser óbice para que el menor termine normalmente su proceso educativo.

En el juicio no se acreditó la existencia de un acuerdo entre las partes relativo a una indemnización superior a la fijada por ley.