Los recurridos justificaron la situación que diferencia al amparado de los demás imputados en la causa respecto de quienes no existen antecedentes suficientes que justifiquen la prisión preventiva.
La resolución del Ministerio contraviene la legítima expectativa del recurrente a la renovación de su contrata en los mismos términos en los que ha ejercido sus funciones en periodos anteriores.
El actuar del recurrido constituye un acto de autotutela ilegal que impide el libre acceso del actor a un camino público que ha sido utilizado por los habitantes del sector durante más de 40 años.
El derecho al olvido que protege al actor obliga a las empresas periodísticas recurridas a complementar su información dando a conocer la resolución que declaró su sobreseimiento definitivo.
El recurrente solicitó la dictación de una sentencia de reemplazo en los mismos términos de la sentencia impugnada.
La resolución administrativa que concedió la posesión efectiva de una herencia solo puede ser modificada en virtud de una resolución judicial.
Las peticiones planteadas por los recurrentes constituyen materias que deben ser conocidas a través de una acción de reclamación judicial ante el Tribunal Ambiental que sea competente.
Declaró que se suspenden los efectos de la resolución impugnada hasta que el Tribunal de Contratación Pública resuelva las demandas jurisdiccionales presentadas por las demás empresas competidoras.
La Ley N°19.628 prohíbe informar las deudas por estudios superiores en registros o bancos de datos de organismos públicos o privados.
El Tribunal de alzada rechazó los arbitrios deducidos por el demandante, la demandada principal y la demandada solidaria.
