El tribunal ratificó la sentencia que obliga al Ministerio de Obras Públicas a indemnizar a la empresa Arauco SA por perjuicios derivados de extensas demoras en la reposición del puente Nicolasa. La decisión destacó el incumplimiento contractual y las consecuencias económicas para el contratista.
La Universidad solo se limita a reconocer la existencia de una “práctica universitaria”, que impone ciertos requerimientos para optar a la titulación, proceder que pone en serio entredicho la constitucionalidad de dicha conducción.
El tribunal de alzada acogió las acciones cautelares, tras establecer el actuar ilegal, arbitrario y omisivo de la recurrida por las graves deficiencias advertidas las que emanan de pretéritos años y han sido permanentes e incrementadas con el transcurso del tiempo al no haber tomado oportunamente las acciones preventivas y reparadoras que cada establecimiento requería, lo que no se hizo por una evidente desidia.
La Primera Sala del tribunal de alzada acogió la acción cautelar al considerar que, en base a los tratados internacionales reconocidos por Chile, el Estado se encuentra obligado a garantizar condiciones de vida materiales y espirituales dignas para niños, niñas y adolescente y de no proporcionarse el fármaco, se estaría afectando la vida del paciente.
La Primera Sala del tribunal de alzada acogió la acción presentada por la asociación de Tierra Amarilla tras constatar el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, pese a que el tribunal de alzada ya le había ordenado efectuar el proceso dentro de un marco del debido proceso.
A pesar que la resolución impugnada no es una sentencia definitiva que ponga termino al juicio, la pena sólo podrá cumplirse una vez que se encuentra ejecutoriada conforme al artículo 174 del Código de Procedimiento Civil.
Sostener que hay diferencia entre cumplir una pena y una condena, sería una interpretación que se burla del espíritu de las normas establecidas en la ley.
La resolución impugnada constituyó un acto ilegal y afectó el derecho a la igualdad ante la ley del actor.
La recurrente alega que no recibió una carta certificada notificando su destitución, por lo que no puedo defenderse adecuadamente en el proceso.
El arbitrio no planteó adecuadamente las peticiones concretas sometidas al tribunal de Alzada.
La sentenciadora limitó infundadamente los medios que probatorios que permitían acreditar el cumplimiento de la obligación.
