Se trata de una sanción principal que cuenta con una regulación específica, dada por la norma del artículo 196 de la Ley 18.290 que, no considera rebaja.
El acto impugnado emana de una resolución dictada por un tribunal competente, que ha actuado dentro de la esfera de sus atribuciones, aplicando correctamente la normativa legal del caso.
El máximo Tribunal otorgó un plazo de 90 días.
La denunciada puso término anticipado a la contrata de la actora quien denunció vulneración de su derecho de igualdad ante la ley.
Los razonamientos esgrimidos en la sentencia impugnada constituyen la tesis correcta.
El acto impugnado se fundó en lo dispuesto en el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas.
El tribunal estimó que el actor desempeñaba un cargo de exclusiva confianza del Director Regional del Instituto de Investigaciones Agropecuarias.
La acción se intentó en contra del Hospital San Pablo de Coquimbo.
Los requisitos establecidos en el artículo 162 inciso quinto no proceden respecto de los finiquitos de trabajo.
El artículo 13 de la Ley N°19.728 está redactado en términos imperativos.
