Como regla general, las decisiones sobre educación, religión y salud de un niño corresponden a sus padres, pero existen casos excepcionales en que la potestad parental intenta imponer sus propias creencias poniendo en riesgo la salud del niño, como en este caso, actuando en contra de su interés superior.
La decisión de la autoridad administrativa resulta ilegal por cuanto no le concedió a la amparada la oportunidad de exponer sus descargos ante las causales de rechazo de su solicitud. La autoridad recurrida deberá continuar la tramitación del procedimiento administrativo y pronunciarse conforme a derecho.
Los padres han realizado conductas que constituyen un actuar ilegal y arbitrario que implica una afectación de la garantía constitucional del artículo 19 N°1 de la Constitución y de la Convención sobre los Derechos del Niño.
La Primera Sala del tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida al vulnerar el derecho a la propia imagen de la niña.
Los jefes de los servicios deben velar por la continuidad de la prestación de estos para la satisfacción de las necesidades colectivas que justifican su existencia, razón por la cual, no mediando abuso o desviación de poder, no es ilegal ni arbitraria la declaración de vacancia de un cargo por salud incompatible de quien lo sirve.
En el caso de actos administrativos dictados por el alcalde o sus funcionarios, la vía de impugnación específica es la reclamación prevista en el artículo 151 de la Ley N° 18.695, sin que exista ninguna razón para privar del ejercicio de tal acción a una persona directamente agraviada por aquél, sólo por el hecho de ser un funcionario municipal.
Los contratos de salud deben conformarse a las normas vigentes, más aún cuando éstas tienen por objetivo resguardar la garantía constitucional de la igualdad, al prohibir la discriminación.
El amparado se encuentra cursando primer año de enseñanza media y realiza labores de albañilería y madera en el CET, sumado a que tiene un grupo familiar que le brindaría apoyo a objeto de evitar posibles conductas de riesgo.
Amerita al menos una evaluación por el organismo pertinente, relativa a si sufre una grave alteración o insuficiencia en sus facultades mentales que hicieren temer que atentará contra sí o contra otras personas.
El tribunal ha fijado la pena concreta dentro de los límites del grado al que llegó, por la concurrencia de la atenuante de responsabilidad penal y tras haber justificado el quantum específico en la mayor extensión del mal causado.
Es Gendarmería quien debe velar por los derechos humanos de las personas privadas de libertad, pero la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad por lo que no se aprecia un actuar ilegal y arbitrario por parte del Tribunal.
