El amparado se encuentra cursando primer año de enseñanza media y realiza labores de albañilería y madera en el CET, sumado a que tiene un grupo familiar que le brindaría apoyo a objeto de evitar posibles conductas de riesgo.

Amerita al menos una evaluación por el organismo pertinente, relativa a si sufre una grave alteración o insuficiencia en sus facultades mentales que hicieren temer que atentará contra sí o contra otras personas.

El tribunal ha fijado la pena concreta dentro de los límites del grado al que llegó, por la concurrencia de la atenuante de responsabilidad penal y tras haber justificado el quantum específico en la mayor extensión del mal causado.

Es Gendarmería quien debe velar por los derechos humanos de las personas privadas de libertad, pero la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad por lo que no se aprecia un actuar ilegal y arbitrario por parte del Tribunal.

Para ello, los recurridos deben hacer entrega de una copia de la llave del portón que obstaculiza el paso.

La resolución está supeditada al resultado final del sumario administrativo.

El arbitrio fue incoado por la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

La sentencia había ordenado a un tercero ajeno del juicio ofrecer disculpas públicas al actor.

El Tribunal de alzada fijó la sanción de 12 UTM.

La recurrida actuó al margen de su competencia e invadió aquella que es propia de aquel órgano que debe controlar la legalidad de sus actuaciones.