La Primera Sala del Tribunal de alzada ratificó la sentencia impugnada, dictada por la ministra en visita extraordinaria Marianela Cifuentes Alarcón, que condenó a Pedro Octavio Espinoza Bravo, César Manríquez Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko, Fernando Eduardo Lauriani Maturana y Ciro Ernesto Torré Sáez a 10 años de presidio efectivo, en calidad de autores del delito.

No existen medidas de emergencia susceptibles de ser adoptadas. La SEC adoptó todas las medidas de supervigilancia y control en resguardo de los derechos de la actora.

El arbitrio se interpuso un año después de la fecha del acto reclamado.

El término anticipado de una contrata no es una sanción administrativa.

El actor conoció y aceptó lo propuesto por la recurrida.

La idoneidad del medicamento no se encuentra acreditada.

El actor no acreditó haber realizado la solicitud ante la recurrida.

El fallo impugnado no emitió un pronunciamiento sobre el fondo del asunto controvertido.

No existe una norma que permita al Superintendente aumentar la sanción que impuso a un establecimiento educacional al conocer una reclamación administrativa.

Las peticiones formuladas por el recurrente exceden las materias que deben ser conocidas por el recurso de protección atendida su naturaleza cautelar.