La actora se desempeñaba como encargada del programa Adulto Mayor, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la demandada.
Si el término del contrato por necesidades de la empresa fue declarado injustificado, no se satisface la condición que prevé el artículo 13 de la Ley N°19.728.
Acusan que el Decreto N°97 del Ministerio de Educación fue dictado omitiendo lo acordado en los procedimientos de consulta indígena que se practicaron durante su tramitación.
Los sentenciadores rebajaron la cuantía de la multa sin declarar la ilegalidad del acto impugnado.
No es posible considerar que las actuaciones destinadas a tramitar un requerimiento de inaplicabilidad puedan tener mérito para interrumpir el plazo del abandono del procedimiento.
Transcurrieron más de cuatro años antes que la Superintendencia declarara la responsabilidad de la reclamante, lo que constituye un tiempo excesivo e injustificado que transforma el procedimiento sancionatorio en ilegítimo y lesivo para los intereses de la reclamante.
No resulta admisible que la Contraloría haga caso omiso de sus propios actos 10 años después de dictarlos.
El tribunal de alzada no consideró que las obras de habilitación son gastos que los terceros deben reclamar al propietario del inmueble expropiado sobre el monto indemnizado.
El Tribunal de alzada determinó que la sanción de nulidad del despido procede con independencia de la calidad de la demandada.
El recurrente padece de esquizofrenia paranoide, lo que constituye un antecedente que permite presumir su inimputabilidad y justifica su internación provisional en un establecimiento asistencial.
