La decisión de no renovar una contrata vulnera el principio de confianza legítima de los funcionarios, ya que albergan la justa expectativa de ser recontratados el año siguiente cuando se hayan producido renovaciones sucesivas mayores a dos años.

El demandado sigue detentando el cargo de Presidente del sindicato, por lo cual la prescripción de su obligación de rendir cuenta no ha comenzado a correr y se mantiene vigente.

El Decreto Ley N°321 incrementó los requisitos para postular a los beneficios de libertad condicional a los condenados por delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

La rebaja de la cuantía de las penas a la que se refiere el artículo 65 del Código Penal es una atribución facultativa y no constituye un imperativo legal para los tribunales del fondo.

La recurrente reclamó que el contrato comercial con la demandada principal finalizó un mes antes del despido de los actores.

La acción de protección no es la vía idónea para impugnar la decisión de CORFO.

La conducta de los acusados se enmarca dentro los denominados “delitos de lesa humanidad” y resultan imprescriptibles e inamnistiables en conformidad al Derecho Penal Internacional de los Derechos Humanos.

El tribunal del grado ejerció la facultad prevista en el artículo 453 N°1 del Código del Trabajo.

El cobertizo que posee la actora se construyó en la fachada de una propiedad que detenta la calidad de “inmueble de conservación histórica.”

El dictamen impugnado se emitió en conformidad a derecho y CONAF como órgano de la Administración está obligado a dar cumplimiento a la interpretación que ha realizado el órgano contralor.