La escuela de Carabineros ha incurrido en una tardanza excesiva y no justificada en la tramitación de la investigación disciplinaria, conculcando de esa forma la garantía de un justo y racional procedimiento; pero lo que es más grave aún, el de igualdad ante la ley.
La necesidad de fijar con exactitud la suma que sirva a esos objetivos, no lleva a que esa avaluación sea antojadiza, y ante la carencia de normas que prevengan fórmulas, pautas o métodos uniformes y universales para todo tipo de situaciones, el tribunal debe analizar cada caso en base a sus especificidades, sopesándolas con cautela, fundándose en los principios de equidad, lo que le entrega mayor flexibilidad para determinarlo, sin que quede liberado del deber de expresar las razones de esa decisión.
Lo que se reprocha en el recurso es la falta oportuna de la decisión definitiva, en virtud de lo cual es procedente que la autoridad encargada adopte una decisión terminal a la brevedad, aun cuando la visa temporaria permite efectuar una serie de trámites en situación regular.
La demora se aparta del trato igualitario que debe otorgarse a los solicitantes, con el perjuicio natural que ello les origina al no contar con la solemnidad que les dé la certeza necesaria que, como extranjeros, deben tener sobre la residencia permanente en Chile.
La Corte calificó de “catástrofe humanitaria” la situación detectada luego de dos visitas al centro penitenciario. “No se puede esperar que ocurra una desgracia como la acontecida en la cárcel de San Miguel para tomar medidas urgentes”, añade el fallo.
En junio del 2022, jura como ministra de la Corte de Apelaciones de Talca Blanca Rojas Arancibia -actual presidenta del tribunal de alzada —, pero no fue hasta el juramento de Marisol Ponce Toloza, llevado a cabo el pasado miércoles 30 de agosto, que por primera vez en la historia de la Corte de Talca, el pleno de ministros era integrado por 3 ministras titulares.
Hacerla pública desincentivaría gravemente el rol colaborador que le corresponde a todo ciudadano en la función fiscalizadora que la ley ha entregado al órgano contralor.
La excesiva demora en la decisión definitiva respecto de la solicitud de visa de responsabilidad democrática no vulnera el derecho a la libertad personal ni la seguridad individual.
La oportunidad para reabrir la investigación, se encontraba agotada en la oportunidad en que se discutió el sobreseimiento definitivo.
Razones de orden económico no deben invocarse cuando está comprometido el derecho a la vida y la integridad física o psíquica de una persona.
No existe una errónea aplicación del derecho que hubiese influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, puesto que el tribunal se hace cargo del dolo como elemento del delito.
