La sanción impugnada fue practicada por autoridad competente, en los casos y la forma que establece la ley sin que se divise la existencia de una acción u omisión ilegal o arbitraria que deba enmendarse mediante acción de protección.

El máximo Tribunal sostuvo que no se desprende que la privación de libertad que afecta al amparado- poseedor del rango de «machi» desde antes de incurrir en el delito que motivó su condena- se enmarque en alguna de las hipótesis de ilegalidad.

La sentencia fue acordada con el voto en contra del Ministro Sergio Muñoz y de la Ministra Ángela Vivanco.