El máximo Tribunal casó de oficio y anuló la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, que había rechazado la indemnización para el cónyuge de la víctima directa.
La Corte Suprema señaló que, el recurrido incurrió en un acto arbitrario, al rechazar la cobertura adicional CAEC por el sólo hecho de no haberse gestionado el traslado e ingreso del paciente a la red cerrada, entre los días 29 y 31 de mayo del 2017.
La Corte de Apelaciones de Punta Arenas indicó que el recurso de protección no resultó ser la vía idónea para discutir los hechos denunciados.
El máximo Tribunal rechazó el recurso de casación en el fondo deducido en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que confirmó la de primer grado que acogió la demanda de cumplimiento de contrato con indemnización de perjuicios y, solo parcialmente, la excepción de prescripción.
El máximo Tribunal confirmó la sentencia atacada que ordenó a las demandadas pagar indistintamente una indemnización total de $35.523.668 al trabajador.
La Corte de Apelaciones de Santiago indicó que es posible afirmar que la recurrida, incurrió en actos de autotutela.
La recurrente estimó vulneradas sus garantías del artículo 19 numerales 1, 2 y 5 de la Constitución Política de la República.
La Corte de Apelaciones de Concepción indicó que del simple análisis de los documentos descritos no apareció antecedente alguno que permita concluir la existencia de un acto ilegal o arbitrario.
La Corte Suprema señaló que, la recurrida Metlife S.A. no negó que modificó la póliza contratada por el actor.
El recurrente estimó vulneradas sus garantías del artículo 19 numerales 2 y 3 de la Constitución.
