El Tribunal de Alzada indicó que, tanto el comunicado publicado en el Funpage de la Iglesia recurrida, como el reportaje emitido en el noticiero central de Chilevisión, se encontró amparada por el derecho a la libertad de expresión.

La recurrente estimó que se vulneró sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 2, 21 y 24.

La Corte de Apelaciones de Santiago estableció que los hechos descritos en la presentación y las peticiones que se formularon a la Corte exceden las materias que deben ser conocidas por dicho tribunal.

La Corte de Apelaciones de Santiago indicó en su sentencia que, se debe señalar que no se observó una acción ilegal o arbitraria del Colegio recurrido.

La Corte Suprema indicó que no resultó posible reprochar arbitrariedad e ilegalidad al comportamiento de las recurridas.

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas indicó que, no se pudo haber vulnerado ninguna garantía constitucional, de las invocadas por la recurrente, en circunstancias que no existió una perturbación o una afectación real y manifiesta a los mismos.

La Corte Suprema indicó que, legítimo derecho a desarrollar cualquiera actividad económica, invocada en el recurso, fue vulnerado por la actuación ilegal de la recurrida.

El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario, ilegal y vulneratorio de la ley de inclusión del establecimiento educacional al no renovar la matrícula del educando.

El amparado considera vulnerado su derecho a la libertad individual.

La sentencia fue acordada con el voto en contra del Ministro Suplente Juan Muñoz y del Abogado Integrante Julio Pallavicini, quienes estuvieron por confirmar la resolución apelada en virtud de sus propios fundamentos