El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario del Senadis al entregar una respuesta tardía a la solicitud de financiamiento y basada solo en el costo de las prótesis.
La recurrente estimó vulneradas sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 1, 2 y 24.
El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario de la autoridad recurrida al considerar un subsidio maternal como parte de los ingresos de la deudora.
El máximo Tribunal descartó ilegalidad en la sanción aplicada a la casa de estudios, la que alegaba que la inhabilitación vulnera su derecho a desarrollar una actividad económica lícita.
Se estimó que en los hechos no se presentó vulneración a las garantías constitucionales indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.
La Corte de Apelaciones de Santiago indicó que, el recurso fue presentado más allá del plazo establecido.
La Corte Suprema señaló que, la justificación dada por la autoridad para, ahora, rechazar la solicitud de autorización de uso y disposición de medicamento es arbitraria.
El máximo Tribunal concluyó que la recurrente incurrió en una omisión? ilegal que posee evidente aptitud para perturbar el derecho de los actores a la propiedad sobre sus remuneraciones.
La Corte de Apelaciones de Concepción declaró que existe entre recurrente y recurrida, un conflicto jurídico que no puede ser resuelto por esta vía.
El recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales del artículo 19 de la Constitución numerales 1, 3 inciso quinto y 24.
