El acto administrativo impugnado se dictó en concordancia con las atribuciones que la Ley Nº19.175, en su artículo 4, y el Decreto con Fuerza de Ley N°22, le confieren a la autoridad.

El actor no logró acreditar la procedencia de la gratificación legal pactada con la demandada.

La acción constitucional no cumple con las exigencias copulativas que exigen las normas constitucionales y el Auto Acordado en la materia.

La amparada no compareció a la vista de la causa por problemas técnicos que no le son atribuibles.

La sentencia explica que, la desvinculación de la recurrente, de sus funciones habituales a contrata en la ANI, mediante resolución administrativa que lo decidió, no cumplió con los requisitos de motivación que exige la ley.

Los comentarios de las recurridas se enmarcan en el legítimo ejercicio de su libertad de expresión y no adicionan una calificación o expresión que pueda advertir un trato vejatorio o deshonroso hacia la recurrente.

Es de interés del Estado brindar una particular protección a los pueblos originarios y a la tierra indígena, debiendo primar las normas de protección indígena sobre el estatuto general que rige las relaciones contractuales entre civiles.

La legislación establece que, si un empleado público presenta la correspondiente resolución del cese de sus funciones en su solicitud del trámite de pensión, la Administradora definirá como fecha de devengamiento de la pensión el día siguiente al de cese de funciones.

De acreditarse la causal «necesidades de la empresa» corresponde descontar de la indemnización por años de servicio el aporte del empleador al seguro de cesantía.

El tribunal superior debe constatar que en el razonamiento que le sirve de base al fallo del juez laboral se haya respetado la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados.