El acto fue dictado por la autoridad competente y en el procedimiento legalmente establecido al efecto.
El ordenamiento jurídico prevé un procedimiento especial para determinar si la decisión de sancionar a un residente fue adoptada correctamente.
Además, la decisión no guardo relación con las capacidades profesionales de la actora reflejadas en los estudios y perfeccionamiento acreditados.
La recurrida cuenta con la vía del cobro ordinario o ejecutivo, según corresponda, de conformidad a las reglas generales.
Durante la tramitación del juicio, la recurrida ordenó el cese de los actos reclamados.
La acción se dirigió en contra de la Municipalidad de Tomé.
La impugnación se dedujo por el Servicio de Salud de Arauco.
La medida afecta a todos los que desarrollen la actividad gravada en la municipalidad de Hualpén.
Los actores mantienen un conflicto sobre la cabida de sus lotes, derivado del deslinde que tienen en común.
La liquidación se aceptó mientras los actores estaban afectos a un pacto de suspensión laboral.
