Al rechazarse la apelación de una sanción impuesta por su oficial superior, en el mismo acto se aumentó el castigo original, infringiendo el principio reformatio in peius, al dejar a la afectada en una peor posición de la que se encontraba antes de recurrir, circunstancia que vulneró la igualdad ante la ley y el derecho a la integridad psíquica de la agente.

La PDI prohibió su salida por tener el pasaporte vencido, en circunstancias que es un hecho conocido las dificultades que enfrentan aquellos ciudadanos para renovar el documento. La Corte resaltó que la actora no mantenía arraigos ni prohibiciones de egreso vigentes, y que su visa humanitaria para viajar a Estados Unidos estaba próxima a caducar. Dejó sin efecto la medida y permitió la salida de la amparada del país.

La divulgación desincentiva el rol que le corresponde a todo ciudadano en la labor coadyuvante de dicha función. Los datos de los denunciantes anónimos se encuentra protegidos por la causal de reserva del artículo 21, N°1, de la Ley 20.285.

Las Circulares del SII corresponden a un acto administrativo de naturaleza interpretativa que emana del organismo especializado y competente en materia tributaria.

El reclamo de ilegalidad –como recurso de nulidad-, es un arbitrio de control de legalidad de los actos de la Administración, no un recurso de doble instancia en que se pueda revisar el mérito de lo decidido.

Entorpece el giro comercial de una constructora que además se encuentra en un proceso de reorganización judicial, lo cual hace imperioso la venta de sus activos para satisfacer los créditos de sus acreedores.

Lo anterior, sin que aquello importe intromisión en facultades privativas del órgano investigador.

El poder liberatorio del finiquito alcanza solo a lo que las partes acuerdan expresamente, sin que pueda extenderse a la responsabilidad derivada de un accidente del trabajo respecto de la cual no hubo consentimiento.

La situación planteada en el recurso de protección se funda en hechos no admitidos por la recurrida, por lo que es necesario y se requiere de un proceso declarativo, no siendo la acción constitucional la vía para solucionar la pretensión del recurrente.

Tal caso corresponde ser discutido y resuelto en un procedimiento de lato conocimiento con las garantías procesales pertinentes (excepciones, prueba y recursos).