El máximo Tribunal ordenó a la Delegación Presidencial Regional, previa coordinación con las carteras ministeriales e instituciones correspondientes, implementar un plan de medidas que procure la protección integral y eficiente de los recurrentes.

Se trata de la develación de hechos de evidente relevancia pública, situación en la que prima la libertad de información del medio de comunicación, por sobre el interés del actor, en atención al derecho que se reconoce a la ciudadanía de conocer hechos y conductas de relevancia pública.

Por consiguiente, la sanción queda vacía de contenido y sin fundamento jurídico que la legitime.

El máximo Tribunal consideró que la pretensión de la defensa resulta ajena a los supuestos y fines de la acción otorgada por el artículo 21 de la Carta Fundamental.

La sanción consideró el beneficio económico obtenido por la reclamante, configurado por el ahorro que le significó no haber realizado diligencias tendientes a verificar que no hubiese redes de gas que se pudieran afectar con los trabajos realizados.

La noción de “causa grave” como justificación de la solicitud de rendición de cuentas antes del término de la administración del tutor o curador no se encuentra definida en la ley, no obstante tratarse de una acepción utilizada en diversas normas del Código Civil.

El máximo Tribunal confirmó el fallo que invalidó la decisión que dejó sin efecto la beca del recurrente correspondiente al año 2021, así como la decisión de no admitir a tramitación su solicitud de renovar la beca para el año 2022, debiendo la recurrida transferir los fondos respectivos.

Al tratarse de un acto administrativo debe cumplirse con lo previsto en los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880.

El Estado tiene la máxima responsabilidad por el servicio que entrega, más aún, tratándose de un parto, en que no debe escatimarse en los cuidados cuando existen factores de riesgo.

Se alegó que el Ministerio Público no puso a disposición de la defensa el parte policial y sus anexos, faltando además la realización de la totalidad de diligencias instruidas, lo que vulnera el derecho a defensa.