En la especie, la recurrida desestimó la solicitud de reconsideración del traslado, sin referirse a los informes que dan cuenta del trastorno de ansiedad por separación que sufre la hija del matrimonio recurrente.

Produce alteración a la vida y salud de las personas, considerando la cantidad de vecinos que son electrodependientes; la cantidad de horas que pasan sin luz, afectando su cotidiano vivir, el deterioro de sus utensilios y de sus electrodomésticos.

La recurrente sostiene que la resolución impugnada afecta directamente la forma en cómo realizan los cultos y ceremonias tradicionales, afectando tradiciones esenciales para la cosmovisión religiosa y ancestral del Pueblo Mapuche.

Las entidades bancarias, en la oferta y ejecución de las operaciones enumeradas en el artículo 69 de la Ley General de Banco deben respetar parámetros mínimos previstos en la Ley N°19.946, dentro de los que figura no ser discriminado arbitrariamente por parte de los proveedores de bienes y servicios.

Los hechos denunciados demuestran la insuficiencia de las medidas puestas en práctica, toda vez que un grupo considerable de la población sigue viéndose privadas de ejercer las actividades sociales y económicas desarrolladas hasta ese entonces.

Pretender que la sola presentación del libelo interrumpe el plazo de prescripción, significaría que quedaría al arbitrio del demandante la determinación de la época en que la interrupción se consolidara.

El inciso 2° del artículo 46 de la Ley N°19.880, no exige ese conocimiento real para entender practicada y perfeccionada esta forma de notificación por carta certificada pues dispone que basta el transcurso del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de Correos respectiva para ello.

El peritaje afirma que la recurrente se encontraba en condiciones de reintegrarse a sus labores antes del inicio de la licencia impugnada, lo que hace injustificado el reposo prescrito con posterioridad.

La ilegalidad de un acto administrativo debe ser solicitada a través de la acción especial destinada legalmente al efecto, pero no a través de una segunda acción dentro del mismo procedimiento, sino como parte de la argumentación de dicha vía especial.

Que los hechos estén bajo el conocimiento del Ministerio Público no impide que el Tribunal cautele garantías fundamentales.