El beneficio de excusión es un mecanismo que apunta a defender la estabilidad del patrimonio familiar frente a terceros, de manera que se dirijan primeramente contra los restantes bienes del deudor y solo a falta de estos puedan perseguir el bien declarado familiar.

Por el principio de especialidad y en atención a la naturaleza de la infracción, el procedimiento sancionatorio es administrativo y no sujeto a la jurisdicción de los tribunales civiles.

La conducta desplegada por la recurrida alteró el statu quo vigente, incurriendo en una actuación contraria a derecho, toda vez que se ejecutó un acto de autotutela proscrito por el ordenamiento jurídico.

La recurrente alegó que la decisión impugnada careció de fundamentación y no consideró los antecedentes clínicos del afiliado.

La omisión que derivó en el castigo no terminó de cometerse si no hasta el 6 de octubre de 2017, por lo que al momento de la resolución que ordenó la instrucción del procedimiento administrativo sancionatorio no había transcurrido el plazo de prescripción.

Los hechos están siendo conocidos en procedimiento de reclamo, no siendo aceptable que la actora pretenda obtener un pronunciamiento paralelo a aquella discusión.

El proyecto debe ingresar en forma obligatoria al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental a través del correspondiente Estudio de Impacto Ambiental.

En los términos que fue planteada la controversia y teniendo a la vista que el responsable del pago es el Gobierno Regional del Biobío, se concluye que los sentenciadores no incurrieron en la infracción denunciada al acoger la excepción de falta de legitimación pasiva del Fisco.

El voto minoritario sostuvo que no se configuró la hipótesis para la que se previó la sanción.

Los actores desempeñaban funciones propias del quehacer natural y habitual de la universidad, sin que se evidenciara accidentalidad ni especificidad en las mismas.