La actora alegó que la sentencia le causó grave perjuicio por no haber condenado a su oponente al pago de las costas pese a desplegar una conducta ilegítima y a que no tuvo motivos plausibles para litigar.

De esta forma, el empleador no puede aludir a otros hechos no contenidos en esa comunicación.

El legislador consagró una tutela ostensiblemente completa.

Los recurridos alegaron haber comprado el derecho respectivo.

El actor no puede usar y gozar exclusivamente de un bien común, sin previa autorización.

Los hechos denunciados afectan seriamente el derecho de propiedad del recurrente, toda vez que el giro anticipado y su remisión a Tesorería generaron una cobranza ejecutiva y el consiguiente embargo de un bien raíz de su dominio.

La legislación contempla los procedimientos correspondientes para obtener de la Administración el reconocimiento del derecho que pueda invocarse, por lo que no resulta lícito valerse de vías de hecho para modificar el cauce alterando su trazado original.

En el ejercicio de su cargo nunca ha estado en disposición de ser acreedor de dicho pago, de modo que el dinero que recibió por dicho concepto debió ser restituido a la entidad encargada.

El máximo Tribunal dispuso dejar sin efecto la suspensión del funcionario debiendo asignársele funciones que no entorpezcan el desarrollo de la investigación que se lleva en su contra.

Los hechos denunciados afectan el derecho de igualdad de la recurrente, desde que se le ha dado un tratamiento jurídico distinto al exigido por el ordenamiento jurídico.