El Ministerio Público y el Instituto Nacional de Derechos Humanos -como querellante particular-, no fueron capaces de acreditar la gravedad de los actos acusados respecto de la víctima, que fue acusada por la defensa de auto infringirse lesiones para ser trasladada de recinto penal; por lo tanto, la magistratura confirmó la absolución del custodio.
Inicialmente la Corte de Coyhaique negó la pena sustitutiva confirmando aquella de cumplimiento efectivo, no obstante, los ministros recurridos no fundamentaron su rechazo, especialmente, luego de verificar que el condenado cumplía con todos los requisitos para optar a la modalidad de cumplimiento solicitada, infringiendo lo dispuesto en los artículos 15 y 15 bis de la Ley Nº18.216.
El recurrente acusó a su sobrina -una menor de 16 años- de vulnerar su derecho a la honra por medio de publicaciones en redes sociales, donde lo sindicaba como autor de presuntas violaciones y abusos sexuales, sin embargo, al momento de la presentación de la acción tutelar, la joven ya había eliminado todas las publicaciones difamatorias, por lo que el recurso perdió oportunidad.
Condena en costas es una materia que no forma parte de la sentencia. Solo la sentencia definitiva se puede recurrir de apelación.
Uno de los ministros que rechazó el recurso, era al mismo tiempo el presidente del Tribunal Electoral de la región, órgano que destituyó al edil por los mismos hechos que posteriormente sirvieron a la justicia para condenarlo por malversación de recursos públicos, por lo que se encontraba legalmente implicado y no se abstuvo de participar en la vista de la causa, hecho que vulneró la garantía procesal del tribunal imparcial.
Al encontrarse en debate judicial el dominio de tales terrenos, no existe un derecho indubitado que pueda ampararse mediante la acción de protección.
El máximo Tribunal confirmó el fallo que ordenó a la recurrida cesar la tala de árboles, reponer la cerca divisoria y abstenerse de llevar a efecto cualquier acto perturbatorio que importe alterar la situación existente entre ambos inmuebles.
El artículo 28 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios no establece un catálogo cerrado de motivos que justifiquen el traslado de un interno de un centro a otro.
No se configuró la infracción al artículo 46 letra f) del DFL N°2, porque el establecimiento educacional cuenta, detenta o posee, efectivamente, un protocolo que forma parte del reglamento que regula la situación que motivó los cargos formulados.
Las acciones o reclamaciones de carácter administrativo no ocupan el mismo lugar ni preponderancia que el de amparo de garantías resguardadas en el artículo 485 del Código del Trabajo.
Cubierto el capital, el saldo del pago se aplica a reajustes, intereses, multas y otros recargos.
