El artículo 28 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios no establece un catálogo cerrado de motivos que justifiquen el traslado de un interno de un centro a otro.
No se configuró la infracción al artículo 46 letra f) del DFL N°2, porque el establecimiento educacional cuenta, detenta o posee, efectivamente, un protocolo que forma parte del reglamento que regula la situación que motivó los cargos formulados.
Las acciones o reclamaciones de carácter administrativo no ocupan el mismo lugar ni preponderancia que el de amparo de garantías resguardadas en el artículo 485 del Código del Trabajo.
Cubierto el capital, el saldo del pago se aplica a reajustes, intereses, multas y otros recargos.
La conducta denunciada constituye un acto ilegal y arbitrario que afecta el legítimo ejercicio de la actividad sindical, y que causa perjuicio no solo al recurrente, sino que afecta a todas aquellas personas relacionadas con la organización sindical.
La recurrente no controvirtió los hechos que motivaron la sanción. El Reglamento de Establecimientos Penitenciarios establece que los Jefes de los establecimientos podrán limitar el derecho a visita de ciertas personas por razones seguridad.
De otra parte, si bien la ley establece que toda obligación debe tener una causa real y lícita, no es necesario expresarla, por lo que su omisión no provoca por si sola la nulidad de aquella.
Al acoger excepción de pago opuesta por la reclamada en audiencia preparatoria se vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva de la actora.
La jueza capitulada informó a su marido de las medidas intrusivas ordenadas en contra de su hijo, y lo condenó a pena de multa, para luego declararla de oficio prescrita.
El máximo tribunal estimó que se configuro el vicio previsto en el artículo 768 N°4 del Código de Procedimiento Civil.
