El actuar de la recurrida se asila en las instrucciones impartidas por la Contraloría General de la República que son obligatorias y vinculantes para los servicios sometidos a su fiscalización.

El Tribunal no está sometido a una regla estricta de ponderación de todos y cada uno de los elementos de convicción que se le presenten, únicamente se le exige análisis y valoración de los medios de prueba, tanto los que estime, como los que desestime, dando razón de ello.

Al rebajar los montos fijados en favor de la demandante por concepto de daño moral, sin que fuera solicitado en el recurso de apelación, se configura la causal de nulidad del artículo 768 N°4 del Código de Procedimiento Civil.

No se dio cuenta del inicio de un proceso investigativo con el propósito de aplicar una sanción disciplinaria. El procedimiento no se ajustó a la ritualidad ni formalidades necesarias para evitar transformarse en una comisión especial.

La naturaleza de las cuestiones debatidas debe ser conocidas en un proceso de lato conocimiento.

Solamente los jueces del fondo se encuentran facultados para fijar los hechos de la causa que resultan inamovibles de revisión por la vía de la nulidad, salvo que se haya denunciado de modo eficaz la vulneración de las leyes reguladoras de la prueba.

La confusión entre una gestión de cobro y la facultad de percibir condujo a los sentenciadores a una interpretación que desnaturalizó la estipulación contractual pactada entre las partes.

La acción parece encaminada a procurarse un segundo plazo, legalmente improcedente, para aprovechar un nuevo término en su favor en aras a extender el tiempo otorgado para la construcción de las obras adjudicadas.

Las medidas cautelares debieron resolverse conforme la Ley N° 20.084, que regula la responsabilidad penal de los adolescentes, e ingresar al imputado a un recinto de SENAME.

La actora alegó que otros alumnos en igual situación pudieron tomar ramos y que debe seguir pagando el arancel a la institución educacional.