El socio de la recurrente fue condenado como autor de los delitos de contrabando, falsificación de instrumento público y privado.
Era un proceso normalizado en la empresa el acceso del empleador a los mensajes contenidos en las cuentas corporativas de los trabajadores, pues no fue objeto de reclamo de ningún trabajador.
La recurrida solicitó el pronunciamiento al ISP por tener dudas razonables de tratarse de un producto farmacéutico.
Actuar de Carabineros obedeció a un procedimiento por delito flagrante.
La solicitud de cambio de prestador de servicios designado por la recurrida está siendo conocida por la Superintendencia de Salud.
Atendida la naturaleza jurídica del bien, el actuar de las recurridas deviene en ilegal, toda vez que para obtener su restitución se debe estar al procedimiento especial del Decreto Ley Nº1.939.
La resolución impugnada amenaza la garantía constitucional del artículo 19 Nº21 de la Constitución, pues arbitrariamente desatendió los fundamentos de los anteriores actos normativos que buscaban a mitigar los efectos negativos de la situación pandémica.
Aún cuando la empresa eléctrica cuenta las autorizaciones para desarrollar los trabajos, los dueños de los predios afectados gozan del derecho a exigir una compensación por tales perturbaciones.
Los motivos satisficieron las exigencias de motivación del acto administrativo.
Las sentencias de contraste aplicaron el criterio sostenido por el fallo impugnado.
