El artículo 5 de la Ley 19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria no establece la opción de suspensión del suministro de agua para estos casos, pues se refiere exclusivamente al corte de la energía eléctrica.

Se trata de un servicio esencial que se debe prestar en condiciones que el suministro de agua potable se adecúe a los mínimos exigibles para la integridad física de la población humana afectada.

La recurrida ha actuado como jueza partidora en un proceso al que ha comparecido la actora y en el cual ha ejercido plenamente sus derechos. El recurso necesariamente debe ser desechado por no ser la vía idónea para reiterar debates y se dirige además en contra de una resolución judicial.

Se trata de una discusión que debe ventilarse en un procedimiento de lato conocimiento.

La Ley N°21.325 sobre la mantención de vigencia de las cédulas mientras se tramita la residencia definitiva, prima por sobre la Ley N°18.290 que contiene los requisitos para obtener la licencia de conductor, en aplicación de criterios de especialidad y temporalidad de la ley.

La universidad cuenta con la autonomía para fijarse las normas que contengan los requisitos para obtener un título universitario. Por ende, ante el incumplimiento de una de esas condiciones, se encuentra justificada la negativa en su entrega.

Seguir diferenciando entre la calidad de hijos conforme a normas que no se encuentran vigentes, va contra el espíritu de la Ley 19.585 que elimina tales diferencias. Debe aplicarse al caso el artículo 188 del Código Civil.

El impugnante persigue el establecimiento de un hecho nuevo, pero los hechos de la causa fijados por los jueces de fondo resultan inamovibles y no es posible su revisión por la vía de la nulidad, salvo que se denuncie eficientemente infracción a las leyes reguladoras de la prueba.

Si bien no es ilegal ni arbitraria la extensión de los plazos para investigar, no es menos cierto que en virtud de la certeza jurídica que nos debe proveer el derecho, se hace necesario que esta investigación administrativa llegue a su fin y se dicte el acto de cierre.

El máximo Tribunal no advirtió infracción alguna a las normas denunciadas, así como tampoco a las disposiciones legales que establecen la reparación integral de los daños causados pues ella ha de fundarse en antecedentes probatorios de mérito, cuyo no es el caso de los documentos respecto de los cuales se razona en el arbitrio de nulidad.