La publicación sin duda perturba el ejercicio de las garantías de integridad psíquica y honra de la recurrente -en particular su reputación social-, deviniendo en una conducta ilegítima de autotutela; de carácter ilegal y arbitraria.

El recurso impetrado dice relación con la interpretación y ejecución del contrato de obra pública celebrado entre las partes, materia debe conocer el juez del contrato.

La regulación del Estatuto Docente sobre la terminación del contrato no comprende normas relativas a la nulidad del despido.

El artículo 184 bis del Código del Trabajo contiene una regla expresa que vincula su contenido con el procedimiento de tutela laboral y, en particular, con la garantía de indemnidad.

El hecho de no prorrogar el contrato a las recurrentes no puede estimarse contrario a la ley, toda vez que, en ellos se consignó una fecha de término, sin cláusulas de prórroga automática, por lo que conforme a lo dispuesto en los artículos 1545 y 1560 del Código Civil estos habrían concluido.

La parte recurrida podrá ejercer todas las acciones judiciales pertinentes a objeto de la debida determinación de los derechos reales en pugna, en relación a la propiedad y el derecho real de servidumbre que se reclama

Esta última un carácter punitivo o sancionatorio, objetivo que es distinto a la indemnización del daño moral, que es compensatoria, diferenciándose, por tanto, en su origen y finalidad de la primera.

Resulta aplicable el artículo 50 del Código Civil y no el artículo 25 de la Ley N°19.980.

La recurrente no ha acreditado otra manera idónea que pueda producir los mismos efectos positivos en la salud pública que la medida sanitaria cuestionada.

La Ley que establece el protocolo de seguridad sanitaria laboral para el retorno gradual y seguro al trabajo, yergue como un estándar general, por ende, no resulta forzoso para los órganos de la administración su ejecución directa, siendo una norma igualmente aplicable.