El inicio de la investigación suspende este plazo de prescripción. Según lo previsto en el artículo 86 de la ley 20.529, no es posible ejercer la potestad sancionadora administrativa en este caso concreto.

El ente municipal se debe asegurar que las máquinas de juegos no sean de aquellas prohibidas por el ordenamiento jurídico.

Considerando que el recurrido dio cuenta de que procedió a eliminar la publicación y que lo solicitado por la actora es su eliminación, no existe en la actualidad ninguna medida de protección que pudiese adoptarse en resguardo de sus derechos.

Transacciones acusadas alcanzaron un total de $700.000, no obstante, no fue posible corroborar que terceros hayan participado en ellas.

Una extracción de áridos que no se ajuste a la norma puede acarrear consecuencias como la degradación del río o la profundización del cauce, afectar la vegetación ribereña nativa, así como también la biodiversidad.

Los principios que inspiran y moldean el derecho penal se aplican en materia administrativa sancionatoria; ambas son manifestaciones del poder punitivo del Estado y como tales, participan de limitaciones y garantías similares.

Las resoluciones de la recurrida se tornan arbitrarias, desde que no se ha dado cumplimiento al deber de fundamentación que exige el artículo 41 de la Ley 19.880, provocando que no se basten a sí mismas e impidan su total entendimiento al afectado.

Al no prestar el servicio de manera correcta, errar en el diagnóstico y negar la hospitalización a la recurrente, ésta sostiene que la recurrida no cumplió con el mandato constitucional de protección a los derechos fundamentales de la paciente.

La recurrente no acreditó la existencia de un derecho indiscutido y preexistente, por lo que el recurso no estuvo en condiciones de prosperar.

El desarrollo de una actividad económica debe desarrollarse conforme a las reglas que el ordenamiento jurídico contempla como regulación de esa actividad.