Resolvió que la desvinculación de los recurrentes no estuvo precedida de un procedimiento adecuado en que se explicaran las razones concretas de su separación. Tampoco se encontró justificación para afectar los derechos de uno de los recurrentes, ya que su vínculo con los hechos solo deriva de su relación de pareja con el otro recurrente. La Corte ordenó su reintegro a la asociación en un plazo de cinco días.
La recurrente solicitó la rectificación del decreto de posesión efectiva, al verificar que se incluyó a dos de sus hermanos que por medio de escritura pública repudiaron la herencia de su madre. La Corte resolvió que la actora no pudo acreditar que el repudio se efectuara antes de presentar la solicitud de posesión efectiva.
La decisión deviene en arbitraria pues carece de fundamento e infringe la igualdad ante la ley desde vez que representa una discriminación respecto de otros voluntarios a quienes se les imputa la misma falta y fueron sancionados con medidas menores, y además no se le permitió al actor impugnar la sanción.
No le es permitido a la recurrida que adopte desde ya vías de autotutela, (las cuales afectan la actividad económica del actor), dado que aún se encuentra pendiente la ejecución del fallo arbitral por un tribunal competente.
Con la obstrucción del paso se provocó una afectación al derecho fundamental de igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19, N°2, de la Constitución.
La finalidad de la acción constitucional es la protección de derechos preexistentes o indubitados que se vean afectados por una acción u omisión ilegal o arbitraria.
El fallo señala que el objeto del recurso de protección es el amparo de las garantías y derechos preexistentes, a través de la adopción de diversas medidas que se deben tomar ante un acto u omisión arbitraria e ilegal que prive o perturbe ese derecho, lo que a consideración de los actores se tradujo en el cierre del establecimiento y no entrega de alimentos aportados por JUNAEB, entre otros.
La Corte de San Miguel rechazó el recurso de amparo económico interpuesto en contra de la Sociedad Administradora del Terminal Pesquero Metropolitano S.A., por supuestos bloqueos y cierres de las vías de acceso al público
El recurso excede largamente del ámbito propio de la acción cautelar prevista para amparar el legítimo ejercicio de derechos indubitados que resulten amagados por actos ilegales o arbitrarios.
El máximo Tribunal ordenó eliminar publicaciones agresivas y deshonrosas en contra de la ex candidata que afectan sus derechos a la imagen y al buen nombre que se encuentran implícitos en el artículo 19 N°4 de la Constitución.
La controversia excede los márgenes de una acción cautelar de derechos constitucionales, por lo que el recurrente deberá ejercer los derechos que el legislador le concede en un procedimiento de lato conocimiento.
