Resolvió que la falta de recursos para mantener en buenas condiciones de funcionamiento el ELEAM de la Reina, es el motivo real que obligó a SENAMA a adoptar esta medida.

Al poner término a la contrata de manera anticipada sin un fundamento sólido que justifique la decisión, la autoridad actuó de forma arbitraria, configurando una discriminación injustificada hacia la recurrente, en comparación con otros funcionarios cuyas contratas fueron concluidas en base a actos administrativos debidamente fundamentados y respaldados por hechos verificables que demuestran que sus servicios ya no son necesarios.

Resolvió que el error en la ficha de licitación no invalida el proceso, ya que las bases administrativas prevalecen sobre dicho documento. Asimismo, que no hubo discriminación ni trato desigual, ya que la aplicación de las bases garantiza que todos los oferentes se sometan a las mismas reglas, sin que se configure una infracción normativa directa.

Resolvió que no se configuró ninguna causal legal que exima del pago de la patente, dado que la reclamante no acreditó la existencia de obras de captación autorizadas, y la solicitud de traslado de los puntos de captación no constituye una causal de exoneración según la ley. Finalmente, añadió que el retraso en la autorización del traslado no exime de la obligación de pago, pues las excepciones están taxativamente previstas en el artículo 129 bis 9 del Código de Aguas.

Resolvió que el Banco actuó con desidia en la persecución de la deuda, originada en un crédito de 2011, ya que no tomó medidas ejecutorias efectivas desde 2013 hasta 2024, cuando solicitó el desarchivo del caso tras la interposición del recurso de protección. Además, el débito unilateral de marzo de 2024 se realizó sin notificación previa a la recurrente, vulnerando su derecho a ser informada y a cuestionar la acción.

Sostiene que ha cumplido con todas las normativas correspondientes para ejercer su actividad de transporte de pasajeros, por lo que solicita que se deje sin efecto la medida.

Resolvió que la judicatura no tiene las competencias técnicas para revisar materialmente lo resuelto por la DGA, cuya decisión está amparada por la presunción de legalidad de los actos administrativos.

Resolvió que no se presentaron argumentos claros ni suficientemente desarrollados sobre las infracciones alegadas, y que las materias planteadas corresponden a problemas que deben ser resueltas en un procedimiento declarativo de lato conocimiento.

La recurrente denuncia que la clínica infringió la Ley de Urgencias al no aplicar los protocolos correspondientes para el tratamiento de su madre, y que a pesar de la gravedad de la situación, exigió el pago de $3.200.000.- para la operación, vulnerando las garantías en materia de salud.

Resolvió que, de acuerdo al artículo 44 de la ley N° 21.442, las controversias sobre la aplicación de reglamentos de copropiedad deben ser resueltas en los Juzgados de Policía Local, ya que exceden el ámbito de un recurso de protección.