La Corte resolvió que la información solicitada, relacionada con las exportaciones de jugo de apio, constituye un bien económico estratégico protegido por el secreto empresarial, ya que su divulgación afectaría los derechos comerciales y económicos de las empresas involucradas, lo que configura la causal de reserva establecida en el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia.

La actuación de ENEL, al realizar el cobro de deuda por consumo de energía eléctrica que no fue debidamente facturada, importa una discriminación arbitraria en contra de la actora, en relación con el trato dispensado a otros clientes que pagaron sobre la base del consumo de energía eléctrica, debidamente facturado. La Corte ordenó que se emita una nueva boleta consignando el monto a pagar por consumo efectivo durante los últimos tres meses, considerando debidamente pagados los montos de periodos anteriores.

Resolvió que no es procedente la acción cautelar, ya que la autoridad administrativa actuó dentro de sus facultades legales al poner término anticipado al contrato de la actora. Además, desestimó el alegato sobre el fuero maternal y la confianza legítima, ya que la recurrente no poseía un derecho indubitado para permanecer en su cargo, sino una mera expectativa.

El reclamo interpuesto por la Clínica contra la Superintendencia de Salud cuestiona la aplicación de la Ley de Urgencia en un caso de deshidratación y riesgo de secuelas en una paciente trasplantada. La resolución impugnada por la reclamante rechazó su solicitud de reconsideración, basándose en la interpretación de la urgencia vital y el cumplimiento de los procedimientos establecidos por el DFL N° 1 de 2005.

Consideró que no existe legalidad ni arbitrariedad en la actuación impugnada, ya que la exigencia de que la solicitante acredite medios económicos para su permanencia en el país se ajusta a lo dispuesto por la normativa migratoria, por lo que el acto no configuró una vulneración de las garantías constitucionales invocadas.

Denuncia que las decisiones de traslado adoptadas por la autoridad penitenciaria no ha considerado el delicado estado de salud del interno, vulnerando su derecho a la vida y a la integridad física y psíquica.

El artículo 127 N°4 del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros dispone que la autoridad tiene la facultad de dar de baja inmediata a un funcionario cuando la falta que origine un sumario administrativo sea de tal gravedad que haga inconveniente su permanencia en la institución, siempre que se confiese su responsabilidad o esta sea evidente. Se establece que dicha medida tiene carácter condicional, quedando sujeta al resultado del sumario administrativo, lo que podría permitir el reintegro del afectado.

Denuncian que el Fiscal Nacional incumplió la Ley N° 20.730 al no registrar los asuntos que se trataron en una reunión con el abogado Luis Hermosilla Osorio y Andrés Chadwick Piñera. Argumentan que la respuesta a la denuncia, emitida por el Fiscal Nacional Subrogante, es ilegal y arbitraria, ya que la habría desestimado sin seguir el procedimiento establecido y sin competencia para resolver sobre el fondo.

En su libelo denuncia la afectación permanente a sus derechos fundamentales a la integridad física, a vivir en un ambiente libre de contaminación y a la propiedad, contemplados en el artículo 19 de la Constitución.

Resolvió que la controversia sobre el corte de suministros por morosidad debe ser resuelta ante el Juzgado de Policía Local, no a través de un recurso de protección, ya que no se trata de una vulneración de derechos preexistentes e indubitados, sino de un conflicto sobre el cumplimiento de las exigencias formales respecto de la procedencia del corte, lo cual debe ser discutido en un procedimiento adecuado.