En su libelo denuncia que la suspensión de su cuenta afecta gravemente su derecho de propiedad, su integridad psíquica y su derecho al trabajo, ya que no puede acceder a información esencial para el ejercicio de su profesión como abogado.

El Tribunal de alzada acogió la solicitud tras comprobar que en la especie se cumplen todos los requisitos para solicitar la extradición de la requerida, quien se encuentra actualmente residiendo en la ciudad emiratí de Dubái.

Consideró que, a pesar de la divergencia entre las partes sobre el cumplimiento del contrato de arrendamiento, la recurrente cuenta con un título que le habilita a usar el inmueble, por lo que cualquier controversia debe resolverse a través del procedimiento legal correspondiente, y el cambio de candados realizado por el arrendador alteró ilegítimamente la situación vigente, constituyendo un acto de autotutela contrario a derecho.

Resolvió que el actuar del servicio recurrido es ilegal al basarse en normas derogadas, como son los artículos 271, 272 y 280 del Código Civil, que regulaban la filiación natural, y no considerar la normativa vigente, en particular, el artículo 188 del mismo cuerpo legal, que establece que la filiación se reconoce por la simple consignación del nombre del progenitor al momento de la inscripción del nacimiento.

Resolvió que las diferencias sobre una deuda pendiente de consumo de agua potable que afecta al departamento que arrienda la recurrente en la comunidad deben ser dilucidadas en un procedimiento de lato conocimiento y no en sede cautelar.

El artículo 38 de la Ley N°18.216 obliga al organismo a mantener el registro de estas anotaciones para incluirlas en los certificados de ingreso a las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, y Gendarmería, así como para informarlas a los Tribunales penales, por lo que no pueden ser eliminadas por esta vía.

El Tribunal de alzada descartó infracción en la apreciación de la prueba en la sentencia impugnada, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió la acción.

Resolvió que el recurrente exhibió una conducta agresiva durante un partido de fútbol, al lanzar un objeto y vociferar contra hinchas rivales, lo que provocó el reproche social, especialmente ante la presencia de un niño afectado. Indicó que los medios de comunicación ejercieron su derecho a informar al difundir el video de los hechos, concluyendo que la libertad de prensa prevalece sobre el derecho a la honra del actor, quien, al actuar en forma pública y violenta, no puede exigir el silencio de los medios.

Determinó que las críticas de la recurrente sobre la valoración de la prueba no constituyen faltas graves en la actuación judicial, y que este recurso no es un medio para revisar pruebas en una segunda instancia, sino para sancionar errores manifiestos en el ejercicio de la función judicial.

En su libelo, denunció que la actuación del recurrido constituye un acto de autotutela o justicia por la propia mano, al suspender el suministro de energía eléctrica sin tener la calidad de administrador legalmente designado por la comunidad y sin acudir a los tribunales de justicia.