Resolvió que la legalidad del acto administrativo está respaldada por el artículo 10 N°3 del DL N° 2460 y el artículo 39 de la Orden General N° 2675, que otorgan al Director General de la Policía de Investigaciones la facultad de distribuir al personal. En este caso, se justificó la decisión debido a la baja demanda en la región donde trabajaba el actor, frente a la creciente necesidad en Santiago.

Sostiene el actor que, habiendo cumplido con todos los requisitos establecidos por EUNACOM, incluyendo la aprobación de los exámenes teóricos y prácticos necesarios para convalidar su título de «médico general» obtenido en el extranjero, la exigencia de un título de «médico cirujano» es arbitraria y contradictoria con la normativa vigente.

Señaló que el recurso de protección no debe ser utilizado como un medio para sustituir otros mecanismos legales establecidos para resolver conflictos, y que la Ley N°18.695 contempla un procedimiento especial de reclamación contra actos municipales, siendo esta la vía idónea para abordar las disputas relacionadas con la patente de alcoholes.

La actora denunció acoso y amenaza de parte de la oficina de cobranza de la clínica recurrida en circunstancias que se encuentra en tramitación un reclamo ante Fonasa por la Ley de Urgencia, tras la muerte de su madre.

En su libelo, el actor denuncia que la COMPIN no cumplió con los estándares mínimos del proceso administrativo y que no motivó adecuadamente su decisión. Y que renovar la sanción en forma indefinida constituye un ejercicio arbitrario de la autoridad, pues se basa en hechos insubsanables, al no contar con la documentación requerida.

Resolvió que, habiéndose agotado todos los recursos administrativos que prevé la ley por parte del recurrente, por la vía cautelar se pretendió crear una nueva instancia judicial, lo que a todas luces es improcedente.

Resolvió que un examen sobre la corrección y adecuación a la lex artis médica de lo obrado por los facultativos que atendieron a la recurrida, excede con holgura lo que permite el procedimiento previsto para la acción de protección, que corresponde a un procedimiento sumarísimo que carece de una etapa de prueba.

Acogió la reclamación al considerar que las comunicaciones generadas desde casillas institucionales, en el ejercicio de funciones públicas, deben considerarse públicas, conforme al principio de transparencia establecido en la Ley 20.285 y la Constitución. Puesto que se utilizan con presupuesto público y en cumplimiento de competencias estatales, su acceso es fundamental para garantizar la transparencia y evitar la creación de canales secretos que obstaculicen el control ciudadano.

Denunció que la decisión de descontar parte de su indemnización por desahucio carece de fundamento legal, no fue notificada adecuadamente y contraviene el debido proceso, generando una situación de desigualdad en comparación con otros beneficiarios que recibieron sus pagos completos.

El actor denuncia que el corte del suministro eléctrico sin un proceso judicial que respalde la acción lo que constituye un acto de autotutela, prohibido por el ordenamiento jurídico.