El actor denuncia que el corte del suministro eléctrico sin un proceso judicial que respalde la acción lo que constituye un acto de autotutela, prohibido por el ordenamiento jurídico.

En su libelo el actor denunció el actuar arbitrario e ilegal del SAG, y que vulnera su derecho de propiedad, ya que, para certificar el proyecto de subdivisión de su predio rústico, pretende imponer requisitos no previstos por el legislador, careciendo de razonabilidad y fundamentación.

El artículo 26 de la Ley N° 20.600, que crea los tribunales ambientales, dispone que son apelables únicamente las resoluciones que declaren la inadmisibilidad de la demanda, reciban la causa a prueba, o pongan término al proceso.

En su libelo la actora denuncia la falta de atención médica oportuna y la omisión de información crucial sobre el estado de salud de su cónyuge, vulnerando el derecho a un trato digno y al acceso a información veraz y comprensible, garantizados en la Ley Nº 20.584.

Resolvió que el recurso perdió oportunidad, puesto que la recurrida informó que el servicio fue restablecido a todos los usuarios en cuyo favor se dedujo el libelo.

Se constató que la recurrente infringió la normativa del reglamento de copropiedad del edificio, que exige notificar con 48 horas de antelación a la conserjería sobre cualquier mudanza, para coordinar la protección del ascensor el día de la mudanza y evitar daños a las instalaciones.

La recurrente denunció que fue víctima de una mala gestión administrativa que conllevó a su eliminación académica, lo que considera una decisión injusta y perjudicial para su futuro profesional.

La Corte constató que la recurrida envió casi 100 correos electrónicos al actor y publicó contenido difamatorio en Instagram, afectando la honra y la integridad psíquica del recurrente.

Además, la difusión de afirmaciones de esa índole puede dar lugar al ejercicio de acciones penales, por lo que son otros los mecanismos o vías establecidas en la ley para sancionar tales conductas.

En su libelo, denunció que la formulación del segundo cargo se llevó a cabo varios meses después del inicio del sumario, cuando el término probatorio ya había concluido, impidiéndole realizar descargos al respecto. Alega vulnerado su derecho al debido proceso, a la igualdad ante la ley y a su legítima defensa.