El Mercurio Legal no ha hecho otra cosa que ejercer su derecho a informar y que, por lo demás, ha dado cuenta de un hecho que es público. Por su parte, la UDD y, específicamente los profesores aludidos, no han hecho otra cosa más que ejercer su derecho de opinión sobre una acción civil, la que el propio recurrente basó en los antecedentes que ahora relata relativo a una anotación prontuarial, que luego fue eliminada conforme al DL 409 de 1932.

No ha sido el mero capricho de la autoridad policial la que la ha llevado a adoptar la referida decisión, sino el hecho de haberse detectado cannabiodes (THC) en el examen de orina del funcionario, por lo que la autoridad llamada a pronunciarse sobre la falta cometida por el actor, ha actuado dentro del ámbito de sus competencias.

Respecto de la existencia de eventuales ilícitos que se cometerían en la Plaza Copiapó, ningún reproche puede imputársele a la recurrida desde que la función de investigación y persecución de ellos, según lo dispone la Constitución, se ha otorgado en forma exclusiva y excluyente al Ministerio Público.

Se consideró la ausencia de daño ocasionado por el incumplimiento, la existencia de otros medios materiales que disminuyan la posibilidad de concreción de la puesta en riesgo alegada por el empleador, y la falta de proporcionalidad del despido frente a la falta y la conducta del trabajador, circunstancias que llevaron a descartar el elemento de gravedad requerido por el artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo, esto es, una magnitud que quiebre irremediablemente la confianza del empleador e impida, en tales condiciones, la continuación de la relación laboral.

Quien ha deducido el libelo de reclamación es un tercero que se estima afectado por la determinación adoptada por el CPLT, en cuanto dispone que la Corporación Municipal de Salud y Educación de La Florida, debe proporcionar información al requirente de amparo, y por ello carece de legitimación para accionar invocando la causal de reserva o secreto del artículo 21, N°1, letra a), de la Ley de Transparencia. En efecto, el supuesto básico de tal hipótesis de reserva, consiste en la afectación del debido cumplimiento de las funciones del ente requerido, cuya ponderación e invocación solo corresponde al órgano de la Administración solicitado.

En un bien nacional de uso público se ha dispuesto una denominada “Estación de Transferencia Transitoria”, según informó la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato del municipio, establecida como medida ante los eventos hidrometeorológicos que azotaron al país, que almacena los neumáticos a fin de evitar que éstos obstaculicen las rejillas de los sumideros y causen anegaciones en viviendas de la comuna.

En primer lugar, el reportaje contiene información personal y familiar que excede manifiestamente el interés público en los hechos informados, incluyendo detalles sobre relaciones familiares, situación matrimonial y patrimonial que no guardan relación directa con los hechos que justificaron la cobertura periodística. En segundo término, presenta de manera tendenciosa una causa sobreseída como antecedente de reiteración delictual, generando una asociación inductiva que fue expresamente desestimada por los tribunales de justicia.

La causal de la segunda parte del inciso primero del artículo 477 supone que la infracción en que incurre la sentencia se ha producido respecto de un precepto de rango legal, y en el caso sub lite la norma que se denuncia infringida es una contenida en un Decreto Supremo, que no tiene la naturaleza antes indicada, sino que constituye un acto administrativo. Por consiguiente, en estricto rigor no se configura el supuesto de la causal invocada y ello justifica el rechazo del recurso.

Las alegaciones de arraigo familiar formuladas por la reclamante deben ser desestimadas, toda vez que la sola existencia de su madre en el país no permite alterar la situación del actor, quien ha cometido dos ilícitos a escaso tiempo de haber ingresado al país, ambos de tráfico ilícito de drogas en pequeñas cantidades, en cuanto afectan bienes jurídicos relevantes como lo son la salud y la seguridad pública.

El acto reclamado por esta vía, -que decretó el retiro temporal de un funcionario de Gendarmería de Chile-, está supeditado al resultado de una investigación penal incoada en su contra, por los delitos de Tráfico de Armas, Asociación Criminal, Cohecho y Lavado de Activos, que se sigue ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, actualmente en tramitación, sin perjuicio de lo que se disponga una vez finalizada la indagación criminal.