La conducta sancionada evidencia la potencial conculcación de los derechos a la integridad física y psíquica de los niños, niñas y adolescentes, y su natural desenvolvimiento, sin que resulte relevante la circunstancia de que los destinatarios de esos juegos sean adultos, pues objetivamente la entidad comunicacional contravino las prohibiciones que pesaban sobre ella.

No existió sensacionalismo en la exhibición del reportaje, ya que no se presentó de forma abusiva ni distorsionada para generar emociones en el público. La transmisión se ajustó a hechos ciertos, con el objetivo de informar sobre nuevas medidas de seguridad en el mercado Lo Valledor, cuando de forma inesperada ocurrió un incidente violento que dejó heridos y pudo tener un desenlace más grave.

El municipio informó que la implementación del programa de orientación y vigilancia en la Plaza Ambrosio del Río, que cuenta con monitores capacitados en tenencia responsable de mascotas, responde al creciente reclamo y descontento de la comunidad local que asiste a las áreas verdes con fines recreativos, especialmente familias con niños pequeños, quienes son vulnerables ante la presencia de animales sueltos.

Resolvió que solo se configura una infracción al artículo 3 letra d) de la Ley 19.496, con una agravante válida: el daño grave al consumidor afectado, reconocido en el proceso. Sobre esa base, optó por ajustar la multa de forma proporcional a la afectación constatada.

Al haberse concluido que el despido del cual fue objeto la demandante es improcedente y que el empleador no pagó las cotizaciones previsionales durante la vigencia de la relación laboral, procede acceder a la nulidad del despido impetrada.

Razonó que al haberse declarado injustificado el despido, no se cumplió con la causal de necesidades de la empresa, requisito indispensable para realizar dicho descuento.

La conducta denunciada, el corte de suministro eléctrico, fue subsanada con el restablecimiento del servicio tras un convenio de pago con ENEL. Dado que el riesgo de un nuevo corte de electricidad fue eliminado y el pago se encuentra al día, no se observó vulneración actual de derechos constitucionales.

La Corte consideró procedente la derivación de antecedentes al Ministerio Público, conforme a las obligaciones legales de denuncia de los funcionarios públicos de hechos que eventualmente puedan revestir el carácter de ilícito.

Tuvo en consideración que el recurrente mantuvo una vinculación ininterrumpida con la institución recurrida durante más de cinco años, lo que le otorga protección bajo el principio de confianza legítima, y que su despido no puede justificarse por los argumentos de cierre de una oficina, ya que ello vulnera su derecho a la igualdad ante la ley.

Las operaciones bancarias cuestionadas fueron realizadas utilizando los elementos de seguridad proporcionados por el banco, los cuales eran de exclusiva responsabilidad del demandado. En este contexto, se atribuyó al usuario culpa grave por no mantener la debida custodia de sus claves y datos, al no poder responsabilizar al banco por el incumplimiento de las medidas de seguridad, lo que configuró su responsabilidad en los hechos.