La Corte consideró procedente la derivación de antecedentes al Ministerio Público, conforme a las obligaciones legales de denuncia de los funcionarios públicos de hechos que eventualmente puedan revestir el carácter de ilícito.

Tuvo en consideración que el recurrente mantuvo una vinculación ininterrumpida con la institución recurrida durante más de cinco años, lo que le otorga protección bajo el principio de confianza legítima, y que su despido no puede justificarse por los argumentos de cierre de una oficina, ya que ello vulnera su derecho a la igualdad ante la ley.

Las operaciones bancarias cuestionadas fueron realizadas utilizando los elementos de seguridad proporcionados por el banco, los cuales eran de exclusiva responsabilidad del demandado. En este contexto, se atribuyó al usuario culpa grave por no mantener la debida custodia de sus claves y datos, al no poder responsabilizar al banco por el incumplimiento de las medidas de seguridad, lo que configuró su responsabilidad en los hechos.

En su libelo denuncia que, al mantener la exposición, el Estado incumple su obligación de garantizar la no repetición de crímenes de lesa humanidad, y que afecta tanto a las víctimas directas de los abusos como a la sociedad chilena en su conjunto.

La Corte de Santiago resolvió que no es procedente emplear esta vía para la solución del conflicto, puesto que las materias en que se basa el libelo exceden el ámbito de este recurso, ya que se trata de una controversia en que se discuten los hechos, que requiere de pruebas, discusión y análisis propios de un procedimiento contradictorio, ajeno a este de carácter cautelar inmediato y urgente.

La Corte acogió el reclamo, al considerar que la cuestión ya había sido resuelta en una sentencia anterior desconociéndose así el efecto de cosa juzgada y porque no consideró que se cuenta con obras de captación suficientes.

Tuvo en consideración que, si bien las concesionarias tienen el derecho a modificar ciertos elementos de su concesión, este derecho no es absoluto y debe respetar las disposiciones legales y técnicas, además de proteger los derechos de otras concesionarias.

Los jueces recurridos incurrieron en falta o abuso al transgredir el artículo 510 del Código del Trabajo y aplicar el término previsto en el artículo 201 inciso cuarto del mismo Código, sin considerar que, en la especie, su ejercicio se encuentra supeditado a aquella que tiene por objeto una declaración judicial relativa a la verdadera naturaleza del vínculo, respecto de la cual se desprende que el término para plantearla era el de dos años desde la conclusión de los servicios, mismo que, debe extenderse a la acción de nulidad del despido que tiene como fundamento y antecedente esa controversia previa.

Tuvo en consideración que, dado que el paciente fue trasladado al domicilio de su hermana el 7 de octubre de 2024, no se configuró un acto arbitrario o ilegal que justifique la protección constitucional solicitada, perdiendo así oportunidad la acción.

La actora denuncia que la atención médica recibida por su madre fue inadecuada, y que los especialistas no tomaron las medidas necesarias para su tratamiento, poniendo en riesgo la vida de la paciente.