Se acreditó que la institución bancaria no dio cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 21.234, lo que derivó en la ilegalidad de su actuar y la vulneración del derecho de propiedad de la recurrente.

La actora denuncia que el procedimiento administrativo sancionador se inició sin el debido emplazamiento, lo que le impidió presentar sus descargos y pruebas.

Las sentencias de contraste resultaron inidóneas.

Estas autorizaciones permiten la ejecución de obras en una zona del Plan Regulador que no contiene una norma de altura máxima de edificación, cuya estipulación es requerida para acceder a la petición del actor.

La controversia versa sobre la calificación de Servicios Mínimos y Equipos de Emergencia.

La actora prestó servicios para la Municipalidad de Maipú por más de 10 años.

Su no comparecencia no le otorga competencia al recurrido para representar los intereses del servicio otorgando mandato judicial.

El asunto está sometido al imperio del derecho al estar en conocimiento de un tribunal, por lo que existe autoridad competente ante la cual se podrá hacer las alegaciones y peticiones pertinentes.

Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.

La decisión se fundó en el desempeño y conducta negligente del actor.