El actuar de la recurrida resultó ser arbitrario, pues aún cuando notificó por correo electrónico al actor, desconoció sus alegaciones de haber recibido información incompleta del proceso.

El libelo no contiene hechos que puedan constituir una vulneración a las garantías constitucionales indicadas en el artículo 20 de la Constitución.

En razón del Convenio de Colaboración Académica entre el Ministerio de Educación y esas Universidades corresponde que el actor rinda su examen de grado ante la USACH.

Las remuneraciones dejaron de pagarse antes de aplicarse la sanción disciplinaria de baja de las filas de la institución.

La autoridad administrativa no incurrió en acto arbitrario e ilegal, toda vez que, su decisión se encuentra debidamente fundada en razones técnicas que justifican su actuar.

El impedir al actor obtener su grado académico por exigencias derivadas de su situación de deuda es discriminatoria y vulnera la garantía contenida en el artículo 19, Nº2, de la Carta Fundamental.

La autoridad modificó las cuestiones denunciadas por el recurrente.

La decisión no se fundó en algún argumento plausible.

No existen elementos que afecten los derechos de terceros ni la causal de reserva argumentada por Carabineros, por lo cual la decisión adoptada por el Consejo para la Transparencia aparece legal, fundada y adecuada.

Se tuvo presente la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional que declaró inaplicable el artículo 33 Nº2 de la Ley en comento, en cuya virtud se impuso la sanción impugnada.